Primera Plana
YUCATAN
sábado 10 de mayo de 2008
El proyecto del edificio de la SSP constaría de seis niveles en un total de 33 mil 267 metros cuadrados, en los cuales se
contaría con áreas de resguardo de detenidos, oficinas para atención médica y un helipuerto en la azotea central.
Suspenden obra de nuevo edificio de SSP
No llegan los recursos extraordinarios para terminarla
A pesar de la millonaria inversión en la edificación de un nuevo espacio para albergar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, la obra sigue detenida por falta de los recursos
extraordinarios solicitados a la Federación.
La próxima semana, la construcción, que registra un 65 por ciento de avance, quedará en abandono, debido al término de los contratos con los constructores encargados de la primera etapa de
esa obra heredada por la pasada administración panista.
El secretario estatal de Obras Públicas, Francisco Torres Rivas, señaló que los 160 millones de pesos que se requieren para concluir el equipamiento y
las instalaciones de agua potable y electricidad del edificio quedarían pendientes hasta por un año más, ya que el Gobierno Federal no ha contestado la petición de envío de recursos extraordinarios.
“Hasta el momento no nos han llegado los recursos que solicitamos a la Federación. Seguimos luchando para ver si conseguimos los 160 millones que necesitamos y
mientras tanto los contratos vencerán la próxima semana”, señaló.
“El edificio se realiza por etapas, pero por ahora sólo se concluyó la primera y en pocos días saldrán los contratistas que realizaron los trabajos, por lo que tendremos que meter
vigilantes para resguardar el material expuesto y evitar hurtos”, destacó.
“Hablamos con la SSP, para que elementos de la corporación cuiden la obra y esperamos que haya oportunidad de que lleguen los recursos o
que nos los envíen mediante el Fondo Nacional de Seguridad (Foseg) para que se vuelvan
multianuales y se puedan usar hasta en años posteriores”, añadió.
Mientras tanto, concretó, falta realizar el equipamiento, como la instalación de aires acondicionados, plafones, redes eléctricas y sanitarias, la planta de tratamiento y habilitar el patio central, así que esperamos que podamos terminar con todo esto en la actual administración.
De acuerdo con información oficial, el edificio constaría de una planta baja, donde se ubicarán las oficinas de Vialidad y Protección, así como las áreas de atención ciudadana y de administración.
Asimismo, se construirían seis niveles en un total de 33 mil 267 metros cuadrados, en los cuales se
contaría con áreas de resguardo de detenidos, oficinas para atención médica y un helipuerto habilitado en la azotea del edificio central, que estaría ubicado en una plaza rodeada de otras zonas administrativas.
INVERSION DUDOSA
En abril pasado, los integrantes de la Comisión Permanente de Administración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Congreso local solicitaron un informe de cómo fueron empleados los 180 millones de pesos utilizados en la edificación de la primera etapa del recinto y, al igual que el titular de la SSP, Luis
Felipe Saidén Ojeda, consideraron inapropiadas las instalaciones para garantizar la
seguridad de los elementos de la corporación policiaca.
El diputado priísta y presidente de la Comisión señalada, Efraín Aguilar Góngora, aseguró ayer que hasta la fecha aún no les entregan la información requerida, pero destacó que es casi un hecho que el edificio se utilizará para reubicar instancias ajenas a la seguridad pública.
De igual modo, el legislador priísta, Ismael Peraza Váldez, calificó de “elefante blanco” la obra, y consideró que a pesar de la “millonaria inversión para terminarla”, resultará inoperante para albergar a la corporación policiaca.
Al respecto, el secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado, Armando Baqueiro Cárdenas, descartó que el edificio sea abandonado sólo por haber sido planificado por un Gobierno de extracción panista y recalcó que sí buscarán el apoyo del Foseg para concluir la edificación y conseguir el equipamiento.
“Las magnitudes de lo que se necesita para concretar la obra no se ajustan al
presupuesto de este año, por lo que las posibilidades de reasignación de recursos están muy limitadas”, explicó.
Por ese motivo, acotó, es necesario recurrir a otros medios para obtener los 160 millones de pesos
necesarios, aunque considero casi imposible culminar la obra en octubre próximo, como estaba proyectado.
El secretario de Gobierno, Rolando Zapata Bello, advirtió en su momento que se realizarían auditorías a funcionarios del Gobierno anterior por esa obra, ya que consideraban que el
monto invertido en el sitio era excesivo.
Sin embargo, hasta la fecha se ignora la existencia de un procedimiento
relacionado con el recinto en construcción, aunque sí se ha señalado que por el momento no se considera una prioridad su conclusión.
Insisten en bondad de los transgénicos
El director del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (Inifap), Pedro Brajcich Gallegos, descartó la posibilidad de cultivar maíz transgénico, para evitar problemas de alteración genética de las plantas nativas y criollas de esa especie que hay en el país.
Sin embargo, dijo que la desinformación sobre los beneficios de los alimentos transgénicos, en lo que impide el avance de estudios y su aprovechamiento.
Reconoció que prevalece la polémica sobre este producto modificado genéticamente, principalmente, los de tipo comestible, y a nivel internacionalmente
se trabaja con plantas de soya, maíz, tabaco, algodón, canola, tomate, papa, calabaza y papaya.
Aunque en México ya se produce soya y algodón transgénico, descartó la posibilidad de cultivar maíz modificado genéticamente, ya que se procura la conservación de las variedades nativas y criollas que hay en el país.
Sin embargo, para evitar problemas, en México se cuenta con un banco de germoplasma, donde están todas las variedades, que solucionarían el problema de cualquier alteración genética que pudiera ocasionarse al cultivar maíz transgénico.
Explicó que el polen del maíz es transportado por el aire, por lo que se debe de tener cuidado al cortar la
espiga.
En el país hay tres empresas multinacionales que cultivan tres especies de organismos genéticamente modificados, establecidas en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
EXCEPCION HUMANA
Definió transgénico como cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna.
El objetivo principal del desarrollo y comercialización de los alimentos transgénicos es abatir diversas desventajas que dificultan o merman la producción agrícola, tales como el ataque de plagas, buscar productos con una mayor vida de
anaquel que facilite su transporte, almacenamiento y exportación y, en algunos casos, incrementar el valor nutricional de los alimentos.
Hasta el momento no existe evidencia científica de que los organismos genéticamente modificados que se consumen en México representen un riesgo a la salud humana, aseguró.
Los alimentos destinados a consumo humano son sometidos a evaluaciones de
inocuidad y, dependiendo del país donde se consuman, es el tipo de pruebas que se aplican, añadió.
Sobre las manifestaciones internacionales que se registran, indicó que “se deben a la desinformación”.
Gobierno, en desventaja ante el narco
Delincuencia cuenta con ex militares: Carpizo
La lucha contra el narcotráfico es difícil y complicada debido a que muchos integrantes y líderes de los cárteles son ex militares y conocen bien los movimientos de las autoridades, lo
que en cierta manera, los pone en ventaja, manifestó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Carpizo MacGregor.
“El Ejército ha dado la lucha contra muchos desertores y traidores que fueron
entrenados con recursos del Estado y luego se vendieron al bando contrario, lo
cual hace que la lucha sea difícil y complicada en extremo”, recalcó. Aunque dijo que el problema del narcotráfico en la Península de Yucatán es mucho menor al de otras partes del país, no está exenta de que la entidad sea considerada por los narcotraficantes como sitio idóneo para esconderse o establecer sus domicilios.
Asimismo, dijo que a pesar de la ola de violencia ocurrida en los últimos días en la República, el Estado Mexicano no ha sido rebasado por el narcotráfico.
El también ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó al pasado sexenio, que encabezó Vicente Fox Quesada, de no haber hecho nada para detener al crimen organizado,
lo que ocasionó su avance y que ahora la erradicación de ese ilícito sea grave y difícil.
Además de la participación de ex militares en el crimen organizado, la impunidad y la crisis económica que vive el país motivan a que los mexicanos opten por pertenecer a las bandas de
narcotraficantes, porque el salario que se recibe es bajo, comparado con lo que
ganan dedicándose a la distribución de drogas, subrayó.
“Las ganancias son fabulosas, son como ríos de oro lo que se obtiene con ese negocio. Ahí está la verdadera razón de que el narcotráfico sea tan popular”, aseveró.
El especialista, quien participó en el Seminario de Actualización en Derechos Humanos, que realiza con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), indicó que, para enfrentar al narcotráfico es necesario preparar mejor a los ministerios públicos y policías, además de poner en marcha sistemas de estímulos para el personal.
MAS DINERO, MENOS CORRUPCION
“En la medida que se den estímulos a los buenos agentes del Ministerio Público y policías habrá que ser muy determinantes, para tener cero tolerancia a la impunidad”, dijo.
Cuestionado sobre la efectividad de las acciones de la lucha del Estado mexicano
contra el crimen organizado, aseguró que se ha hecho un gran esfuerzo y se ven “ciertos resultados, pero aún falta mucho por hacer”.
En cuanto a la situación del sistema penitenciario mexicano, precisó que los principales problemas que se enfrentan son la sobrepoblación y la corrupción.
“Los presos, sean procesados o sentenciados, tienen que dar dinero para
mantenerse en el penal”, comentó.
De esta manera dejó en claro que las recomendaciones y observaciones que hacen las comisiones
estatales a los centros penitenciarios juegan un papel fundamental, porque son
una oportunidad para mejorar el sistema.
Asimismo, dijo que gran parte del problema es la tolerancia de la ciudadanía para quienes se dedican a esa actividad, pues la mayoría no denuncia, a pesar de tener un vecino narcotraficante.
“Hay que fomentar la cultura de la denuncia, pues el papel que representa la
sociedad es fundamental para acabar con ese problema. Es necesario que se
denuncie al ver individuos que de la noche a la mañana edifican mansiones y ponen negocios”, indicó.
Por la tarde, Carpizo MacGredor, impartió la conferencia magistral “Los Derechos Humanos y la Función Judicial”, en el Salón de los Directores de la Facultad de Derecho de la UADY.
Yucatecos, malos para ahorrar energía
No aprovechan ventajas y derrochan el recurso
La instalación de la Comisión Estatal para la Reducción de las Tarifas Eléctricas de Yucatán (Certey) sería inútil, ya que los yucatecos carecen de la cultura del ahorro de energía, afirmó el consultor en Ahorro de Energía Eléctrica, Jorge Arturo Malerva González.
Afirmó que en nada afectan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las manifestaciones masivas, como los “apagones”, ya que cada familia y empresario debe reconocer que, como consumidor, derrocha
energía.
Remarcó que en la actualidad sólo una de cada 50 personas tiene una cultura del ahorro de energía y está consciente de que al reducir el consumo energético, su facturación disminuirá.
“A la CFE no le conviene cobrar más, sino optimizar el consumo de energía, pero no todos lo ven así”, subrayó.
Indicó que las tarifas de energía son baratas y hasta se dan subsidios en verano, cantidades que, comparadas con
lo que se destina a refrescos 15 pesos embotellados no significan nada.
“En promedio se paga bimestralmente 300 pesos por el consumo de energía, pero gastamos 900 en los refrescos consumidos sólo en los almuerzos”, recalcó.
El también asesor del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) señaló que hace falta consciencia en el ahorro de energía, además de que los yucatecos deben hacer un acto de contrición o reconocer que consumen y derrochan la energía en vez de culpar a la CFE de cobros excesivos.
LOGROS IMPERCEPTIBLES
Al hablar del Certey, expresó que se trata de un movimiento que abanderó Yamile Calderón Sabido, durante la administración gubernamental de Patricio Patrón Laviada con logros imperceptibles porque carecía de metas claras.
El desinterés por la continuidad en el proyecto prevaleció en los posteriores presidentes de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canacome), por lo que el avance del Certey es nulo, destacó.
Malerva González aclaró que, de manera independiente de la instalación y propuestas del Certey, las tarifas por consumo de energía eléctrica son decretos presidenciales que rigen en todo el país.
Finalmente, agregó que las pérdidas de energía se registran principalmente en los aires acondicionados, en especial cuando
son antiguos o se adquirieron aprovechando alguna oferta.
Además, la gran mayoría de las fábricas con más de 10 años de operación tienen mucho equipo antiguo, reparado, ineficiente y mal dimensionado, por lo
que es notable el derroche, concluyó.
Regidores se quejan de un turbio manejo de subsidio
Regidores de oposición del Ayuntamiento de Mérida acudieron ayer a la Contraloría Municipal para solicitar que se investigue el pago del subsidio del 31 de
diciembre del 2007 a las empresas recolectoras de basura, ya que ellos afirman
que esa medida nunca la aprobó el Cabildo.
No obstante, el alcalde, César Bojórquez Zapata, minimizó la queja al tildarla de politizada, ya que “sí lo sabían los regidores“.
Los ediles inconformes son Luis Vela Sosa, Flor Díaz Castillo, Ariel Escalante Canto, Omar Pacho Sánchez, Jorge Vallejo Buenfil, Antonio Homá Serrano, David Ramírez y Sánchez y Carlos Sarabia Barrera.
Señalaron que, en esa fecha, la Comuna pagó 18 millones 130 mil 898.17 pesos a las empresas recolectoras sin la probación del Cabildo, además que la situación se repitió el 31 de marzo pasado, al pagarse cuatro millones 631 mil 106.47 pesos, como se
indica en la página de Internet del Ayuntamiento.
Pacho Sánchez, resaltó que los regidores se enteraron de la irregularidad hasta la sesión ordinaria de Cabildo del pasado 15 de abril, cuando se pretendió que aprobaran un acuerdo para autorizas el pago como retroactivo desde el
primero de julio del 2007.
TRES CUARTILLAS
El documento de tres cuartillas, entregado a la Contraloría, señala que el 22 de octubre del 2004, a propuesta del entonces alcalde de Mérida, Manuel Fuentes Alcocer, el Cabildo autorizó un subsidio del 75 por ciento para las empresas recolectoras por el traslado de
basura del primero de septiembre del 2004 al 31 de agosto del 2005 y el acuerdo
se renovó varias veces con aumentos en el apoyo, hasta que el último venció el 30 de junio del 2007.
Los ediles fueron recibidos por la contralora municipal, Laura Cervera Urtiaga,
quien dijo que actuará con transparencia y se realizará la investigación correspondiente para darle respuesta en una semana.
Pocos beneficiados
Dejan mal a muchos damnificados
Luego de hacer el proceso de verificación, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), sólo entregará el 44 por ciento del total de viviendas para los damnificados por el huracán Dean, informó el subsecretario del ramo, Limber Sosa Lara.
Reconoció el atraso que se tiene en la entrega de las casas, pero lo atribuyó al Gobierno Federal, debido a diversas fallas detectadas y que pospusieron la
firma del convenio.
“Se atrasó la firma del convenio porque no hubo un acuerdo con la Sedeso, pero ahora que
ya se cuenta con los respectivos fallos del proceso de verificación, en breve iniciará la licitación de la obras para luego satisfacer la demanda”, acotó.
“A los damnificados del Sur del Estado, afectados por el paso del meteoro,
registrado el 21 de agosto pasado, se les entregarán sus respectivas casas antes de concluir el año”, expresó.
Mencionó que en un principio se contabilizó beneficiar a cinco mil personas, pero ahora, la cifra se redujo a dos mil 200,
debido a numerosos factores, como la duplicidad de nombres.
Lamentó el perjuicio hacia los damnificados por el meteoro, ya que se trata de personas
de escasos recursos que hasta ahora viven en casas de sus familiares o las
rentan mientras esperan recibir la propia.
Indicó que, a pesar del atraso, se procura trabajar a marchas forzadas, pero
procurando que la calidad de los inmuebles sean los adecuados.
PREFERENCIA AL SUR
Sosa Lara, aclaró que las familias beneficiadas son del Sur del Estado, área por la que pasó el meteoro cuando impactó a la Península de Yucatán, hace poco más de ocho meses.
Recordó que tras el paso del meteoro, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), refrendó su postura de apoyar sólo a siete municipios del Estado: Celestún, Halachó, Santa Elena, Tzucacab, Oxkuztcab, Peto y Tekax.
La gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, estableció que fueron 59 los municipios afectados, y en consecuencia deberían tener acceso al apoyo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), recordó el funcionario.
Conagua estableció que los municipios rechazados son Abalá, Acanceh, Akil, Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Kopomá, Cuzamá, Dzan, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kinchil, Mama, Maní, Maxcanú y Mayapán.
Asimismo, Mocochá, Muna, Opichén, Progreso, Sacalum, Samahil, Sanahcat, Seyé, Sotuta, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekom, Tekit, Tetiz, Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixméhuax, Tixpéual, Ucú, Umán, Valladolid y Yaxcabá.
Ortega otorga créditos de vivienda para burócratas
Con la promesa de ampliar los apoyos de vivienda a trabajadores del Poder
Judicial en el Estado, la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, entregó ayer 575 mil pesos en créditos a 39 empleados del Ejecutivo y del Congreso local.
En una ceremonia que contó con el aval de los representantes de los Tres Poderes, se entregaron créditos por 15 mil pesos cada uno en beneficio de los servidores públicos, que se sumaron a los 310 financiamientos ya otorgados, con una inversión total de tres millones 748 mil pesos.
La mandataria estatal encabezó la firma de un convenio entre la actual administración y la empresa nacional “Directodo”, que será la encargada de facilitar la aprobación de los créditos para la adquisición de materiales y artículos de línea blanca, electrónica, electrodomésticos y muebles, con los cuales los trabajadores podrán mejorar las condiciones de sus hogares.
“Entre los beneficios que ofrece del contrato signado, destaca la accesibilidad
para todos los trabajadores con percepciones de hasta cuatro salarios mínimos, que no hayan recibido subsidio alguno, sin aval y sin garantía, pues la devolución se realizará vía nómina con el consentimiento del beneficiado”, explicó.
Por su parte, el oficial mayor, Luis Hevia Jiménez, señaló que adicional a ese acuerdo también se otorgarán apoyos económicos para autoconstrucción y mejoramiento de vivienda a través del programa “Esta es tu casa”, en coordinación con la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi).
CONDICIONES
El funcionario explicó que esos apoyos se entregarán a los trabajadores que tengan un ingreso individual de seis mil 394 pesos
mensuales o ingresos familiares integrados de hasta siete mil 994 pesos.
Además, agregó, los requisitos para obtener el financiamiento son mínimos, pues basta con que los trabajadores tengan un ahorro de cuando menos el cinco por ciento del valor de la solución habitacional para acceder al crédito.
De igual modo, la titular de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), Angélica Araujo Lara, indicó que los colegios de arquitectos en la entidad y el área técnica de la dependencia asesorarán a los beneficiados sobre los requerimientos de sus casas, a fin de que
aprovechen al máximo los recursos.
“Los trabajadores devolverán sus respectivos créditos en un plazo de dos años y con una tasa preferencial de financiamiento”, explicó.