Nacional
M U N D O
martes 13 de mayo de 2008
Este año, Petróleos Mexicanos invertirá en Tabasco 38 mmdp
VILLAHERMOSA, Tab. (Apro).— Petróleos Mexicanos invertirá este año más de 38 mil millones de pesos en Tabasco, y se gestionan recursos adicionales
por más de cinco mil millones de pesos. afirmó el subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) Región Sur, José Serrano Lozano, quien dijo que se trata de “cifras históricas sin precedentes”,
Ante el gobernador del Estado, Andrés Granier Melo, y miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco,
Serrano Lozano dijo que el objetivo es recuperar en la región la producción de 500 mil barriles diarios de petróleo, la que actualmente produce 450 mil barriles.
Explicó que, para ello, se trabaja en el descubrimiento y extensión de nuevos campos en los municipios de Centla, Cunduacán y Comalcalco, así como en el mantenimiento de presión en campos maduros, y mantenimiento e instalación de ductos, en el que se han invertido más de cuatro mil millones de pesos para evitar fugas y derrames.
Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas de PEP- Región Sur, Joel Bermúdez Castro, informó que 140 empresas con domicilio fiscal en Tabasco participan en obras de la
paraestatal, generando 16 mil 780 empleos directos y 20 mil 241 indirectos.
Además, dijo que se han invertido 487 millones de pesos en el mantenimiento del
parque vehicular de la empresa a cargo de talleres asentados en la entidad, y que se han realizado diez convenios con
instituciones educativas por un monto de 132 millones.
Bermúdez Castro explicó que en comunidades con influencia petrolera, se realizan 98 obras de beneficio
social con una inversión de más de 823 millones de pesos, entre ellas, pavimentación de caminos y vialidades urbanas, construcción y mantenimiento de puentes, desazolve de ríos y drenes, y construcción de sistemas de alcantarillado y drenaje.
Destaca la pavimentación y mantenimiento de más de 313 kilómetros de caminos y vialidades urbanas.
“Gasolinazo” con aval de la Corte
Rechaza los recursos del Frente Amplio Progresista
MEXICO, DF (Apro).— El aumento de dos centavos al mes que rige desde enero por el consumo de
combustibles fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de rechazar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores del Frente Amplio
Progresista (FAP).
Los ministros de la Corte le dieron validez constitucional al aumento gradual
del diesel y de las gasolinas Magna y Premium, aprobado por el Congreso en lo
que se conoció como el “gasolinazo”.
Sin embargo, los ministros echaron abajo la disposición que condicionaba la entrega de recursos a los estados, el Distrito Federal y
municipios como resultado de ese aumento.
El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en su artículo 2-A estableció el aumento de los precios de los combustibles al consumidor final.
Los ministros de la Corte resolvieron que la ley no viola el principio de
proporcionalidad tributaria al establecer una cuota fija por litro,
independientemente del tipo de combustible.
El argumento de la SCJN fue “que pague más quien más consuma”, en referencia al costo superior de la gasolina Premium en relación con la Magna o el diesel.
Un grupo de 169 diputados, en su mayoría del FAP, se inconformó con el aumento al considerar que violaba el principio de equidad tributaria.
El aumento aprobado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional previó la recaudación de 22 mil millones de pesos para que 80 por ciento se destine a los estados y
20 por ciento a los municipios.
La Corte sólo declaró inconstitucional la parte de la reforma en la que se obligaba a los estados y
municipios a gastar los ingresos que recibieran por ese aumento en
infraestructura, vial o urbana e hidráulica, y al menos 12.5 por ciento en la protección y conservación del medio ambiente.
El PIB creció arriba de 3% en el primer trimestre
MEXICO, DF (La Jornada).— El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguró ayer que en el primer trimestre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) creció por arriba de tres por ciento, a pesar de que Estados Unidos ya entró en un proceso de recesión. Este fenómeno no se ha reflejado en la economía mexicana, recalcó y en conferencia de prensa dio a conocer que el Fondo Nacional de
Infraestructura inició sus operaciones con inversiones por más de siete mil millones de pesos que beneficiarán a más de siete millones de personas.
De manera conjunta con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, señaló que con todo esto se podrán crear más de 700 mil empleos. Asimismo, manifestó que el Gobierno Federal no tiene la intención de modificar el Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU), porque ha demostrado
hasta el momento ser un gravamen que ha incrementado la recaudación y propiciado la inversión.
En la reunión efectuada en el auditorio de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional, el titular de Hacienda manifestó que durante una reunión previa se aprobaron inversiones por un monto de tres mil 800 millones que,
junto con las participaciones de los sectores privados darán como resultado una erogación cercana a los siete mil 300 millones de pesos.
Téllez precisó que, junto con la Secretaría de Hacienda y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), se continuará con el programa de aprovechamiento de activos en el que el año pasado se reconcesionaron una serie de carreteras que llegan a la ciudad de
Guadalajara. Hay además siete paquetes en los que se obtendrán fondos para apoyar el fondo.
El director de Banobras, Alonso García, informó a su vez que en la reunión previa a la rueda de prensa fueron aprobados otros cuatro proyectos en el
sector de agua y saneamiento. Destacan, agregó, tres proyectos de tratamientos de aguas residuales, dos de ellas que se ubicarán en la zona metropolitana de Guadalajara y que permitirán tratar el 100 por ciento de aguas residuales emitidas por esa ciudad.
Organizaciones denuncian alzas en precios de productos básicos
MEXICO, DF (El Universal).— Organizaciones obreras y campesinas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Congreso del Trabajo (CT) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), denunciaron un alza de precios a productos de la
canasta básica de hasta más del 100 por ciento.
La CNC precisó que aunado a ello se registra un incremento de 40 por ciento en promedio en los
costos de los granos básicos para la alimentación y en zonas marginadas es mayor.
Cruz López Aguilar, presidente de esa organización campesina, sostuvo que contrario a lo dicho por el secretario de Agricultura,
Alberto Cárdenas, en el sentido de que no se han elevado los precios de algunos productos
del campo, estos “están por los cielos en algunos lugares”.
Subrayó que la población, principalmente los 23 millones de mexicanos en extrema pobreza, sufre ya las
consecuencias de lo que apenas empieza, porque en el caso de las ramas
pecuarias pronto habrá un problema “gravísimo” debido a que el país importa más del 90 por ciento de los granos forrajeros y oleaginosas, situación que implica mayor carestía en leche, huevo y carne.
Acusó a empresas trasnacionales, como la estadounidense Cargill, de acaparar desde
ahora alrededor de dos millones de toneladas de maíz de la excelente cosecha del actual ciclo en el estado de Sinaloa. A fin de
especular con el alimento fundamental de los mexicanos.
Por separado, el secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC),
Max Agustín Correa Hernández, resaltó que la crisis alimentaria mundial “pega ya fuertemente”, lo cual deriva en el precio de los insumos y con ello en el alza de básicos, afectando a los campesinos y obreros que ven mermados cada día más sus ingresos.
Al respecto, la CTM resaltó que desde hace cinco meses se registra un incremento acelerado al costo de la
canasta básica.
Tal es el caso de la carne de res en bistec que llega a costar hasta más de 100 pesos el kilogramo, dependiendo el tipo, la pechuga de pollo supera en
casos los 50 pesos, el arroz Sinaloa se incremento de siete a 12 pesos, el
bolillo paso de 1.20 a 1.50 la pieza y el pan de caja de 17 a 19 pesos.
En tanto, el aceite comestible paso de 25 pesos a 28 pesos el litro y el azúcar subió un peso.
El EPR rechazó un diálogo directo con el Gobierno Federal y niega cualquier pretensión de encauzar su movimiento por la “vía institucional”. (El Universal).
Rechaza EPR diálogo directo con FCH
Contactos se harán a través de Comisión de Mediación
MeXICO, DF (Apro).— El Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó un diálogo directo con el gobierno de Felipe Calderón y precisó que los contactos se harán a través de la Comisión de Mediación, compuesta por un grupo de ciudadanos, con el único objetivo de que se investigue y se ubique a sus dos cuadros políticos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca desde el 25 de mayo pasado.
En un amplio comunicado, la guerrilla saluda a la Comisión de Mediación y precisa que mientras dure su labor de búsqueda de sus compañeros detenidos-desaparecidos, no realizará acciones de autodefensa.
El grupo insurgente criticó duramente al Gobierno Federal y a sus “voceros” por tratar de difundir la idea de que el EPR quiere negociar porque “está débil” y “siente pasos en la azotea”.
En respuesta, el Presidente Felipe Calderón deploró la negativa del EPR a un diálogo directo con su gobierno.
En conferencia de prensa al lado del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, Calderón insistió en que su gobierno está dispuesto al diálogo por la vía institucional y de la paz.
Sostuvo que “es, precisamente, a través de la paz, de las instituciones y de la ley, como los mexicanos debemos
dialogar y resolver nuestros problemas, y no a través de la violencia o la ruptura del orden jurídico”.
Manifestó, “reitero una disposición clara del Gobierno al diálogo, sin renunciar a la obligación constitucional y legal de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho,
sin distingo y sin excepción”.
RECHAZO A MOURIÑO
En tanto el EPR rechazó también las condiciones que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, estableció para dialogar, como fue la amenaza de que sus militantes podrían ser detenidos por su responsabilidad en los bombazos a los gaseoductos de
Pemex del año pasado.
Los eperristas manifiestan que “ni diálogo, ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que se abandone la lucha armada para tener una
incorporación a la vida institucional, porque las bases sociales, así como las demandas populares y los conflictos sociales por los cuales se tomó la decisión de la vía armada, no están resueltos, porque precisamente estos caminos y estas instituciones no
representan el interés de la sociedad sino el de un puñado de politicastros al servicio de los grandes poderes económicos de dentro y fuera del país”.
Advierten que el gobierno calderonista, en alianza con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), está preparando una “salida” al problema de los dos desaparecidos fabricando “chivos expiatorios menores”, con el fin de no romper el pacto que mantienen para sacar adelante la Reforma
Energética.
Sostienen también que se quiere dar la falsa idea de que los dos desaparecidos tenían una orden de aprehensión en su contra y que por eso se les detuvo.
Esa especie, sostiene el EPR, es totalmente falsa, pues cuando los familiares
acudieron a preguntar por ellos ante las autoridades, éstas dijeron que no sabían nada de ellos y que no los estaban buscando.
El grupo armado advirtió que el Gobierno está tratando de utilizar grupos supuestamente “guerrilleros” pero que en realidad son falsos, “para infiltrar a organizaciones que hacen un esfuerzo por intentar ser
revolucionarios”
Avala general que militares hagan labores policiacas
MEXICO, DF (La Jornada).— El general de División de Estado Mayor, Miguel Angel Godínez Bravo, quien trabajó bajo las órdenes del entonces presidente José López Portillo, y del ex titular de Interpol-México y de la Policía Judicial Federal, Miguel Aldana, avaló la determinación del gobierno calderonista de mandar a las calles a militares para realizar
labores policiacas de combate al narcotráfico, pues dijo que las condiciones de violencia y criminalidad del país requieren de “mano dura”.
En una inédita conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de varios militares, Godínez Bravo refirió que la “vieja guardia” del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, está dispuesta a colaborar con el Gobierno Federal mediante su experiencia en su
batalla contra el crimen organizado para regresar la tranquilidad al país.
El también presidente del Consejo Supremo de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia (Conaseju) puntualizó que si no se utiliza toda la fuerza del Estado mexicano para combatir al
narcotráfico, será imposible regresar la tranquilidad a las calles. Por ello, dijo, debe retomarse
algunos esquemas del pasado para devolver el orden.
“A las instituciones no creo que las haya rebasado la delincuencia organizada;
para que a las instituciones de nuestro país las rebasen la delincuencia organizada, sinceramente deberíamos de estar casi en la calle”, indicó.
Lo que sí reconoció es que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en los cuerpos policiacos federales, estatales y
municipales, por ello el Estado requiere “mano dura”.
Asimismo, destacó que la labor del Ejército es fundamental en la estrategia de combatir a los cárteles de la droga, y rechazó que sea un error militarizar las calles del país.
Subrayó que él y un grupo de militares de su generación están dispuestos a colaborar con el gobierno calderonista para aportar sus
conocimientos y experiencia que obtuvieron de las instituciones que
representaron hace tres décadas.
“Somos mexicanos y queremos a nuestro país y sentimos que le debemos al país la experiencia que a muchos de nosotros nos ha dado el haber trabajado dentro
del sistema, y eso es lo que nos ha llevado para hacer reuniones y decirles en
qué forma y cómo se puede atender” este situación.
Esperan conclusiones sobre caso Mouriño
MEXICO, DF (Apro).— La Secretaría de la Función Pública (SFP) está a la espera de que la comisión legislativa que indaga sobre el presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, le envíe sus conclusiones para que pueda concluir la investigación que realiza.
Entrevistado después de su participación en la ceremonia de premiación del concurso de dibujo infantil y juvenil “Adiós a las trampas”, Vega Casillas aclaró que la investigación que realiza la SFP sobre Mouriño Terrazo, está muy avanzada y sólo está a la espera de las conclusiones que les envíen los diputados.
“Nosotros tenemos ya una investigación avanzada; estamos esperando el cierre de la comisión para que ellos nos manden sus conclusiones; lo que queremos es allegarnos de
toda la información que sea posible”, explicó.
Sobre la investigación contra el ex presidente Vicente Fox, el secretario justificó la tardanza de las conclusiones, con el argumento de que fue necesario
solicitar información adicional y la SFP no ha recibido respuesta. “Eso es lo que en ocasiones tarde un poco el proceso.
En ese sentido, afirmó que el trabajo se está realizando de manera normal, y confió en que “no tarde” mucho la respuesta para que la Secretaría esté en condiciones de emitir sus conclusiones sobre el presunto enriquecimiento
inexplicable del ex presidente Vicente Fox.
Vega Casillas se negó a abundar sobre la investigación, bajo el argumento de que está en proceso y la ley le impide proporcionar información al respecto.
Por otra parte, el secretario de la Función Pública, informó que “algunos cientos” de funcionarios federales han sido inhabilitados debido a que se les han
descubierto actos de corrupción. Sin embargo, se negó a proporcionar una cifra exacta. “Todos los días hacemos inhabilitaciones”, puntualizó.
Protestan agentes de PFP en NL
Que trabajan en condiciones inhumanas
MONTERREY, NL (Apro).— Once elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) asignados a Nuevo León, realizaron una protesta afuera de la academia de Policía, donde denunciaron que trabajan en condiciones infrahumanas y que, desde hace
cuatro meses, no han recibido los “bonos de operatividad”.
En conferencia de prensa, en la que tenían los rostros cubiertos, los inconformes, integrantes del Séptimo Grupo de las Fuerzas Federales de Apoyo —dependientes de la PFP—, acusaron a sus jefes, quienes viven con la tropa en las instalaciones de la
Academia, de meter por las noches a mujeres para “divertirse” en áreas privadas del inmueble.
Al respecto, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, y el responsable operativo del grupo de la
PFP en Nuevo León, Raúl García Mena, señalaron que la situación está bajo control y que los inconformes no representan a los 300 efectivos que
laboran en la entidad.
Fasci minimizó la protesta. Dijo: “El asunto es un lunarcito negro. Ellos tienen derecho a manifestarse, y hay
formas de hacerlo“.
Ante la posibilidad de que los inconformes se pasaran a las filas de la
delincuencia organizada, Fasci dijo que ahí les espera la cárcel o la muerte.
Reconoció que hay un retraso en la entrega de los “bonos de operatividad” de hasta cuatro meses, y afirmó que es un problema a nivel nacional, que debe ser resuelto en la Ciudad de México.