Editorial
M U N D O
martes 13 de mayo de 2008
Dejar los prejuicios
De ricos y sandeces
Federico REYES HEROLES
De nuevo las palabras. Palabras que delatan la forma de razonar, de entender la
vida. Se podría guardar silencio, dejar que se perdieran en los telares de la memoria, olvidar
con empeño. El archivo de sandeces es enorme. El capítulo Fox es muy amplio. Las irresponsabilidades de AMLO no tienen límite. Muchos otros se suman a diario. Qué importa una más. Pero ese olvido por desidia siembra confusión, propicia que el único instrumento que tenemos para el entendimiento, la palabra, se deprecie.
Quizá parte de la crisis nacional provenga precisamente de una falta de rigor en el
uso de la palabra. Todos somos responsables. En muchos sentidos el país está dividido. Los puentes están quebrados. Esos puentes se construyen con palabras. La democracia sólo fructificará si reeducamos nuestra lengua.
“No hay rico, rico, rico que sea honrado”. La expresión surge en boca nada menos que de un cardenal. Los enredos son múltiples. ¿Qué considera el cardenal rico, rico, rico? No lo sabemos. Quizá si se tratara sólo de dos veces rico si podrían pasar la prueba de honradez. Pareciera que es una cuestión de grado. Se puede ser rico y honrado pero ya muy rico es imposible. ¿Por qué? No hay explicación, se trata entonces de un prejuicio, es decir de algo que está antes del razonamiento. Cómo explicar a los simplemente ricos, pero deshonestos. No hay respuesta como
tampoco la hay para los muy, muy ricos que son honestos. Lo que delata la
expresión del cardenal es un rechazo por principio a la riqueza que él considera excesiva. Erigido en juez de lo razonable condena con una
generalización absurda.
Pero ahí no terminó la irresponsabilidad del prelado: “...porque trabajando nadie se hace rico, porque si trabajando se hiciera uno
rico los burros serían los más ricos, trabajando nadie se hace rico” remató. Gracias señor cardenal por alentar el trabajo. Gracias por comparar a los trabajadores con
burros, gracias por condenar a los trabajadores de cualquier ramo, de cualquier
ingreso a vivir en la pobreza, lo que usted considera pobreza. No sabe lo útil de su expresión en una sociedad que de entrada tiene un bajo aprecio por el trabajo. Uno de
cada cuatro mexicanos no considera al trabajo importante. Formidable incentivo
para los que se levantan todos los días con el ánimo de prosperar. La prosperidad, la riqueza supone tranza. El que no tranza no
avanza. Es la única forma. Claro, viniendo de alguien que está en contacto con la palabra divina, el asunto cobra otra dimensión.
La irresponsabilidad del cardenal se suma a una larga tradición católica de condena a los ricos. Allí está la expresión bíblica tan popular en éstas coordenadas latinoamericanas: “Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los
cielos”. El que camina hacia la prosperidad, hacia la riqueza se está cerrando las puertas del cielo. Mejor no ser próspero, no vaya a ser la de malas de caer en la riqueza. Más vale pobre pero con redención. La vida eterna bien vale la pobreza terrenal. En el extremo se cae en el
estereotipo: todo rico es deshonesto y todo pobre honesto, no importa que no
exista ningún sustento en la realidad. Suena bien, vende bien.
La confusión de muchos mexicanos alrededor de la riqueza tiene orígenes claros: la condena religiosa a la riqueza e indirectamente a la
prosperidad, el menosprecio por el trabajo y finalmente la idea muy popular de
la riqueza original. Un país es rico o no dependiendo de una concesión divina. El oro, la plata, el petróleo, lo que sea que está allí para su explotación. La riqueza no se crea, no proviene del esfuerzo, del trabajo, del ingenio, de
la habilidad, del ahorro, de la visión, del estudio, de la tenacidad. De qué nos asombramos después cuando el 58% de los maestros en México considera que la riqueza proviene de los abusos, sólo 19% del trabajo. Son los educadores.
Por supuesto que los pillos abundan. Los abusos son parte de nuestra historia.
Ahí la trampa mortal: como los pillos abundan, condenemos el trabajo. Es al revés: condenemos a los pillos y fortalezcamos al trabajo. Las verdades de
Perogrullo asaltan. La prosperidad es deseable socialmente, la individual y la
de las naciones. Sólo fomentando esa idea es que las sociedades acumulan, ahorran por diversos
medios y dejan atrás la miseria. En esa búsqueda se generan diversos grados de prosperidad. Hay muchas fórmulas para paliar las diferencias de ingresos y las disparidades, pero es técnicamente imposible evitarlas. Sacrificar prosperidad por igualdad fue una de
las obsesiones que condujo al colapso de las economías centralmente planificadas. Las desigualdades brutales seguían existiendo. En una sociedad próspera habrá ricos, muy ricos y riquísimos. Pero lo fundamental es que no haya pobreza, que la gente no muera de
hambre, que tenga salud, vivienda, educación. La construcción de mayor igualdad, como la lograda en los países escandinavos, es lenta. Es mucho más fácil erradicar la pobreza que llegar a la igualdad que nunca será absoluta y quizá ni siquiera posible o deseable. Finalmente lo obvio: la vida espiritual es
compatible con la prosperidad.
Para lograr prosperidad generalizada se requieren muchas condiciones. David S.
Landes ha hecho un ejercicio fresco e iluminador. (La riqueza y la pobreza de
las naciones, Vergara, Argentina). Un régimen de derecho, libertades, educación, infraestructura, ciencia, tecnología, generar conocimiento, recursos, estabilidad política. Pero sobre todo dejar atrás los prejuicios y las sandeces.
Reporte sobre política
De números e incidentes
Ernesto Julio TEISSIER
El viernes 9, por la noche, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD validó el acta de cómputo que dio la ventaja al senador Jesús Ortega Martínez en la elección interna del PRD.
En la ceremonia de 10 minutos estuvieron presentes sólo nueve de los 21 integrantes del CEN perredista, pero no hay ley ni norma del
partido que pudiera haber hecho indispensable la presencia de la mayoría de ellos.
Sin embargo, la decisión quedó pendiente para ayer, día en que iba a reunirse el pleno del CEN y también quedó para igual fecha la posibilidad de una impugnación por parte del candidato derrotado, el ex jefe del Departamento del DF,
Alejandro Encinas.
Encinas y sus partidarios han dicho y repetido que impugnarán el conteo, las actas y la forma en que se redactaron y calificaron, pero los
observadores mejor enterados de lo que ocurre al interior del perredismo
sostuvieron su opinión de que la ventaja del senador Ortega Martínez es “irreversible e irrefutable”.
Los encinistas dijeron que boicotearán hoy el pleno del CEN en donde podría declararse válida el acta de cómputo que le da una ventaja de 16 mil 214 votos a Jesús Ortega.
Sin embargo de todo lo anterior, todavía ayer por la mañana no se conocían los números definitivos acerca de los comicios. Una de las versiones, publicada por El
Universal, sostuvo que el senador Ortega había obtenido en uno de los estados 80 mil 590 votos en contra de 19 mil 705 de
Encinas.
Esa abultadísima diferencia indica que lo disparejo en las cantidades es de cualquier modo
abismal. Posiblemente sólo fue en los estados en donde se registraron la mayor cantidad de los
incidentes penosos —así los calificó un observador pro-perredista—; es concluyente, sin embargo, la noticia de que los partidarios de ambos
contendientes metieron las manos hasta los codos en lo que un comentarista
norteño llamó “el enorme mugrerón”.
Como ejemplos pueden citarse a Chiapas, en donde menudearon las “casillas-zapato”, aquellas en que uno de los aspirantes obtuvo más de mil votos y el otro ninguno. Se atribuye al proyecto de acta de la comisión técnica electoral el dato de que en esa entidad ganó el senador Ortega.
En Veracruz, la sorpresa fue doble, de ida y vuelta. En Mariano Escobedo, una de
las casillas arrojó un recuento de 980 a 0 a favor del senador Ortega; en Pajapan, en cambio, se
contaron 979 para Encinas y 0 para su adversario.
En un acto posterior, el Comité Técnico Nacional dijo que en la entidad jarocha Ortega alcanzó 46 mil 527 votos por 30 mil 466 de Encinas.
Después de esas y otras bochornosas revelaciones, nadie duda que es justa y correcta
la opinión de que ni siquiera en los días de la “presidencia imperial” del PRI se registró un resultado electoral en circunstancias parecidas.
Alejandro Encinas —a quien se atribuye la mayor culpa de que la elección haya quedado indecisa durante 55 días, pues sus partidarios presionaron a la Comisión Electoral y a la de Garantías para que emitieran un fallo a favor del ex jefe del Departamento del DF con
un apresurado y viciado recuento de sólo el 83 por ciento de los votos—, declaró que impugnará la validación del acta y pidió a la Comisión de Garantías que rechace la forma en que las áreas jurídica y de planeación de la CTE llevaron a cabo el cómputo, “debido a que los funcionarios no convocaron a los representantes de las fórmulas que se disputan la presidencia nacional”.
Entrevistado a una hora avanzada del domingo 11, el senador Ortega anunció que se abstendrá de manifestaciones triunfalistas y dijo que, cuando le llegue la confirmación, hará una propuesta para superar la crisis del partido a Alejandro Encinas, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Camilo Valenzuela y a los gobernadores perredistas.
Dijo que llevaría su oferta, personalmente, ayer lunes, a cada uno de los mencionados.
En una conferencia de prensa que tuvo ribetes ríspidos, un Alejandro Encinas muy descompuesto, sin rastro ya de la sonrisa irónica de otros días, dijo: “Se premia y se convalida a la impunidad y al fraude que se cometió, como réplica a lo que sucedió en las elecciones federales del 2006.
Allí fue donde apareció la otra punta de la hebra: en el fondo de todo el “problema electoral” del PRD, puede hallarse la figura de Andrés López, el derrotado y puesto en ridículo ex candidato a la Presidencia de la República.
Encinas, indican los comentaristas calificados, “sólo ha sido una pieza del ajedrez con que el derrotado candidato López ha pretendido apoderarse, por medios extralegales que hasta hoy no han
llegado a la rebelión abierta, de la Presidencia constitucional de la República”.
El hizo a Encinas, como si lo hubiera torneado de un trozo de madera; lo sacó de la nada y lo convirtió primero en secretario general del Gobierno (municipal) de la Ciudad de México; luego le heredó la jefatura de ese gobierno; y posteriormente lo azuzó para que tratara de convertirse en presidente y dictador del partido amarillo.
La intentona de López casi se ha desplomado ya: la resolución final del Comité Ejecutivo del partido no se conoce a la hora en que se escriben estas líneas, pero muy seguramente el pleno del Comité confirmará la convalidación del acta que dio el triunfo al senador Ortega desde el viernes por la noche.
Y un dato que revela hasta dónde pudo Andrés López golpear a su partido y a su propia popularidad: solamente unos 250, cuando más 300 mil perredistas, acudieron a depositar su voto en las elecciones. Ese número debe compararse con los millones de sufragios que alcanzó el candidato perredista en las elecciones federales del 2006.
eteissier@stx.rr.com
Más allá
Acceso a información
John M. ACKERMAN
La transparencia se ha convertido en moda. Hoy todos quieren ser o parecer “transparentes”. Este consenso discursivo representa simultáneamente un gran avance y un gran peligro. Por un lado, refleja una transformación radical en la cultura política e institucional del país, pues actualmente, en lugar de exigir al ciudadano que justifique por qué necesita un documento gubernamental, es el servidor público quien tiene que dar razones para mantener en secreto algún archivo.
Pero, por otro lado, este aparente consenso a favor de la transparencia esconde
una realidad sumamente preocupante. Cada día más servidores públicos evaden la Ley de Acceso a la Información mediante la desaparición o reclasificación de los archivos en su poder. Anualmente aumenta el número de casos de supuesta “inexistencia” de documentos, y el Centro Internacional de Estudios sobre la Transparencia y
el Acceso a la Información, A.C. (CETA) ha revelado que 30% de los servidores públicos federales aceptan que guardan menos archivos desde la entrada en vigor de
la ley. Los lectores recordarán, por ejemplo, la “inexistencia” de los documentos que respaldaron las declaraciones de Felipe Calderón sobre la muerte de Ernestina Ascencio y sobre la cantidad de detenidos en la “guerra” contra el narcotráfico.
Muchas instituciones públicas también han tendido a escarbar en la ley para encontrar cualquier recoveco que permita
negar solicitudes de acceso. Un caso paradigmático en este sentido fueron las respuestas totalmente ilógicas que ofrecieron el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de las boletas electorales. Primero quisieron argumentar que las
boletas no eran “documentos”; después, que el acceso a los documentos afectaría “la seguridad nacional”, y finalmente, que los papeles solicitados eran simplemente “indisponibles” (sic).
El régimen autoritario del partido del Estado nos acostumbró a la simulación y al gatopardismo. La creación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el IFE en la era de Carlos Salinas,
fue emblemática de un esfuerzo gubernamental por dar una imagen pública de innovación y voluntad política cuando en los hechos todo seguía siendo exactamente igual.
Actualmente, la transparencia y sus órganos garantes se encuentran ante una disyuntiva histórica. El IFAI, por ejemplo, todavía se debate entre consolidarse como un organismo independiente y profesional que
con arrojo defienda las mejores causas ciudadanas, o mantenerse como un
organismo burocrático y simulador, subordinado al Ejecutivo Federal. Existen casos importantes en
que los comisionados han llevado nuestro derecho a saber hasta las últimas consecuencias; por ejemplo, con respecto a los fideicomisos públicos, Luz y Fuerza del Centro y los padrones de beneficiarios de los programas
sociales del Gobierno.
Sin embargo, por cada caso en que el IFAI ha aplicado un criterio auténticamente garantista, existen por lo menos dos más en que la mayoría de los comisionados han demostrado una actitud pasiva. Allí están los casos de las fotografías y de la evolución patrimonial de los servidores públicos, así como las numerosas resoluciones en que el IFAI simplemente pide a los sujetos
obligados realizar una “búsqueda exhaustiva” en sus archivos para los documentos declarados “inexistentes”.
Análisis de organizaciones como Limac y Fundar demuestran que, de una forma muy
parecida a la CNDH, el Instituto de Acceso a la Información se niega a dar un seguimiento puntual y activo a sus resoluciones y se queda
corto en la investigación de los casos. Así mismo, su desprecio hacia la participación ciudadana ha quedado patente con la falta de un esfuerzo serio para fomentar
la utilización de la ley entre los ciudadanos y con la cancelación del proyecto Comunidades. Finalmente, la rotunda negativa de parte de la mayoría de los comisionados a aprobar un estatuto de servicio civil es francamente
vergonzosa. El Instituto de la Transparencia cada día más se parece a un club de amigos y se convierte en un nido de complicidades.
Las reformas al artículo 6º constitucional constituyen una oportunidad para consolidar la segunda generación de reformas a favor de la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, abren la caja de Pandora para los adversarios
de la transparencia. Tanto la propuesta que han realizado cuatro comisionados
del IFAI para modificar la ley federal como las recientes reformas
constitucionales en el Estado de Querétaro revelan que los retrocesos están a la orden del día. Los ciudadanos debemos estar muy vigilantes para asegurar que las próximas modificaciones a las leyes secundarias cumplen cabalmente con el espíritu del nuevo texto constitucional.
Por fortuna, el IFAI no cuenta con un monopolio sobre el tema de la
transparencia en el país. El martes 13 de mayo, a las 19:00 horas, en la Casa Lamm, presentaremos mi
nuevo libro, Más allá del acceso a la información, aquel texto que el IFAI quiso censurar el año pasado por incluir un par de escritos que expresaban puntos de vista incómodos para el Gobierno Federal. En el evento ampliaremos el diagnóstico aquí esbozado e iniciaremos la urgente tarea de construir una nueva visión ciudadana de la transparencia y el acceso a la información pública en México.