Ante la probable afectación por derrame, Estado se alistaLa gobernadora Ivonne Ortega Pacheco confirmó la elaboración de una demanda en contra de la empresa British Petroleum (BP) y del Gobierno del Estados Unidos, por daños y prejuicios a las actividades económicas y del ecosistema, ante el posible impacto de contaminación por hidrocarburo ocasionado por el derrame registrado en el Golfo de México.“Nos estamos preparando, desde el punto de vista legal”, garantizó al expresar que la demanda es elaborada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Aclaró que se trabaja en los fundamentos adecuados que darán sustento a este procedimiento legal, sin embargo desconoce el avance que se tiene así como la fecha para concluirla.Descartó el riesgo de posible impacto del crudo a las costas yucatecas, en referencia al hidrocarburo que aún flota sobre el nivel del mar, cuya posibilidad de impacto al territorio nacional es del uno por ciento.Recordó que la mancha negra estaba a unos 789 kilómetros de la entidad, y de acuerdo con el ritmo de trabajo que se efectúa en el Golfo de México, podría desaparecer esta semana.Desde el pasado sábado 17 no hay evidencia de emanación del crudo de la zona de origen del derrame, pues la fuga está controlada, por el momento.

La mandataria se abstuvo a hablar en torno a que aún prevalece la alerta ante un posible impacto del derrame petrolero además que se ignora el volumen de crudo que flota a una profundidad de entre 600 y 800 metros, así como de la anormal capa de metano que hay en las aguas oceánicas, miles de veces superior a lo normal.LEY ARIZONAEn otro tema, reprobó la entrada en vigor de la Ley antimigrante, en Arizona, por lo que en coordinación con el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) se elaborará un manifiesto de rechazo por la actitud de su homóloga, Jan Brewer.Informó que son pocos los yucatecos que están dicha entidad estadounidense, quienes se verían afectados por la ley SB 1070.“Sabemos que no más de 20 yucatecos viven en Arizona, la mayoría de los 165 mil yucatecos tienen su estancia en otras partes de Estados Unidos, sin embargo, es discriminatoria esa ley porque vulnera los derechos humanos y además es completamente racista”, continuó.Por otro lado, confirmó que hay varios proyectos de primer nivel detenidos o atrasados por los trámites que se tienen que hacer ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Dijo que el gran problema que se tiene en Yucatán es que cualquier camino o construcción que se pretenda hacer se encuentran con vestigios mayas, lo que provoca retrasos en las tramitología y cancela momentáneamente los proyectos a desarrollar.“En la gran mayoría de carreteras encontramos zonas arqueológicas, incluso en el Parque Científico encontramos tres montículos y tenemos que cumplir con los trámites ante el INAH”, señaló.Recordó que por parte, ante Semarnat, que dirige el ex gobernador Patricio Patrón Laviada, los trámites son tardados y puso como ejemplo que en el caso del Malecón de Progreso se tuvo que invertir el recurso en otros obras, por el retraso en los permisos.

“Sería lamentable que el retraso sea por cuestiones políticas, ya que el objetivo de las autoridades debe ser el desarrollo del Estado y México”, concluyó.